La tormenta tropical identificada como 90-E, en combinación con los remanentes de los huracanes Priscilla y Raymond, dejó una estela de devastación en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro. Las lluvias extremas provocaron inundaciones profundas, deslaves en zonas montañosas y el colapso de infraestructura vital. La emergencia no sólo expuso las vulnerabilidades estructurales de muchas regiones, sino también la fragilidad de comunidades que ya vivían al límite.
El saldo humano es doloroso: al menos 47 personas perdieron la vida, de acuerdo con reportes oficiales, con 18 muertes en Veracruz, 16 en Hidalgo, 9 en Puebla y 1 en Querétaro. Algunos medios elevan la cifra a 50 fallecidos, argumentando que las búsquedas aún no concluyen y que decenas permanecen desaparecidas. Las causas mortales más frecuentes son deslaves que sepultaron viviendas y comunidades, así como personas arrastradas por corrientes súbitas.
A nivel material y de infraestructura, los daños son igualmente severos. En Veracruz se reportan más de 16 mil viviendas dañadas y 42 comunidades incomunicadas, con el desbordamiento de ríos como el Cazones entre los eventos más devastadores. Puebla ha sufrido la interrupción de caminos, colapso de puentes, deslizamientos en la Sierra Norte y decenas de miles de damnificados en múltiples municipios. En Hidalgo, los deslizamientos han destruido viviendas enteras y dejado comunidades aisladas: se reportan alrededor de mil viviendas afectadas y decenas de poblados incomunicados. En Querétaro, si bien el impacto es menor en comparación, un menor —según informes— murió arrastrado por un alud, y varias comunidades registran cortes de acceso y daños severos a caminos locales.
Además del impacto directo, la tormenta dejó secuelas indirectas que agravan la crisis: más de 320,000 usuarios perdieron el servicio eléctrico en distintas entidades. Carreteras principales quedaron bloqueadas por derrumbes, dificultando las labores de rescate y provisión de ayuda. Instalaciones públicas como escuelas, centros de salud y hospitales también resultaron dañadas, lo que retrasa la recuperación de servicios básicos.
Este desastre nos obliga a reflexionar sobre varias verdades incómodas: las zonas montañosas y rurales sin la mínima protección topográfica siguen siendo puntos críticos; los sistemas de alerta temprana y prevención no alcanzan para anticipar la magnitud de lluvias extremas; y las comunidades más pobres pagan el precio más alto. Aún con los esfuerzos federales, estatales y de las fuerzas armadas desplegadas en rescates, albergues y limpieza, la reconstrucción será lenta y ardua.
Mientras los censos de daños se afinan, muchas familias siguen sin hogar, sin electricidad, sin acceso por carretera y sin certeza de cuándo podrán reconstruir su vida. Esta tragedia debe funcionar como llamado urgente a políticas climáticas, ordenamientos territoriales responsables y fortalecimiento de infraestructura resiliente, antes de que las próximas lluvias cobren otra vez un saldo insoportable de pérdidas humanas y dignidad.
