La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, presentó una iniciativa para reformar el Artículo 1° de la Constitución mexicana con el objetivo de prohibir la discriminación por motivos de corporalidad, apariencia física o peso corporal. La propuesta busca ampliar el marco legal vigente en materia de igualdad, incorporando de forma explícita prácticas discriminatorias que, aunque frecuentes, no están plenamente reconocidas en la legislación.
De acuerdo con la legisladora, esta reforma responde a la necesidad de visibilizar y frenar la llamada gordofobia, entendida como un conjunto de actitudes y prácticas que incluyen burlas, rechazo social, estigmatización, patologización del peso corporal y presión constante para modificar la apariencia física. Ballesteros señaló que este tipo de discriminación limita el acceso a espacios laborales, educativos y sociales, además de impactar en la salud mental de las personas.
La iniciativa se sustenta en datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, elaborada por el INEGI, que revelan que el 23.7% de las personas adultas en México ha experimentado algún tipo de discriminación. Dentro de este grupo, el 30.6% identificó su apariencia o forma de vestir como la causa principal, lo que evidencia la relevancia del problema en la vida cotidiana de millones de personas.
En términos legales, la propuesta plantea que, en caso de ser aprobada, los congresos estatales deberán armonizar su legislación en un plazo de 180 días naturales, con el fin de garantizar la aplicación efectiva de la reforma en todo el país. Esto implicaría actualizar marcos normativos locales y reforzar los mecanismos de protección contra la discriminación en distintos ámbitos.
Asimismo, el proyecto contempla que las autoridades desarrollen políticas públicas específicas para prevenir, atender y erradicar la discriminación basada en apariencia física, corporalidad o peso corporal. Estas acciones incluirían campañas de concientización, protocolos institucionales y estrategias educativas orientadas a promover una cultura de respeto e inclusión.
La iniciativa abre un nuevo frente en el debate sobre igualdad en México, al poner sobre la mesa formas de discriminación normalizadas en la vida social. Su avance en el Congreso permitirá evaluar hasta qué punto el marco constitucional puede adaptarse a realidades contemporáneas, donde la imagen corporal se ha convertido en un factor determinante en la forma en que las personas son percibidas y tratadas
