El Congreso mexicano ha dado por concluido este martes el periodo de obras y reformas que apuntalan la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta, Claudia Sheinbaum. En pocos días, senadores y diputados oficialistas han aprobado una compleja batería de leyes y enmiendas, todas de gran calado, interconectadas entre sí, que dotan de filosos dientes al gabinete de seguridad para enfrentar al crimen organizado. El Senado ha cerrado sus trabajos con la aprobación de la Ley del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. A las normas se le suman cuatro reformas más en materia de telecomunicaciones, lavado de dinero, desaparición forzada y Guardia Nacional.
Las dos primeras aparecen como el muro maestro del trabajo del gabinete, que coordina el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Ambas leyes permitirán el acceso directo y sin previa orden judicial de las instituciones de seguridad a bases de datos públicas y privadas: registros bancarios, telefónicos, biométricos, vehiculares, de la propiedad, fiscales y de telecomunicaciones, entre otros, bajo la premisa de prevenir, investigar y perseguir delitos. En general, la ley permitirá el acceso a “todos [los registros] de los que puedan extraer indicios, datos e información para la generación de productos de inteligencia”, según se lee en el dictamen que ha sido enviado al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor, un trámite que se prevé rápido.
Además, las nuevas normas prevén la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, cuya titularidad recaería en el propio Harfuch, lo que le daría el poder de suspender las aportaciones federales en materia de seguridad a entidades federativas y municipios, en caso de que incumplan acuerdos. Harfuch aparece así como el gran ganador de las reformas, un contrapeso al enorme poder que adquirieron las Fuerzas Armadas durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador.
Las dos leyes de seguridad, la del sistema nacional y la de investigación e inteligencia, sufrieron cambios de fondo respecto de las propuestas enviadas por la presidenta en febrero. La iniciativa original se refería a “las instituciones de seguridad pública de carácter civil”, y establecía que los principios para su actuación eran la “legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a la dignidad y los derechos humanos”. Con los cambios que, de acuerdo con legisladores del oficialismo, se cocinaron desde Palacio Nacional, se suprimió esta redacción para dejar claro que la Guardia Nacional es la principal institución de seguridad pública a nivel federal, adscrita a la Secretaría de la Defensa, “pero con un enfoque y formación en doctrina policial civil”, aunque en los hechos todo tiene intervención del Ejército.
Con alguna excepción, la aprobación del paquete legislativo ha generado una gran polémica, por el acceso que tendrá el Estado a comunicaciones personales, además de bases de datos públicas y privadas. “Es el último clavo en el ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el Gobierno espía”, ha dicho el senador del PAN, Ricardo Anaya. Solo la ley del Sistema de Seguridad Pública ha generado cierto consenso, y buena parte de la oposición la ha avalado. Las bancadas del PAN y de Movimiento Ciudadano han votado a favor. Solo el PRI ha votado en contra. “La Ley del Sistema de Seguridad Pública es el reconocimiento de que la estrategia de abrazos no balazos fue un absoluto fracaso”, ha dicho Anaya.
