El más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras confirmó una tendencia alarmante: la libertad de prensa a nivel global ha caído a su nivel más bajo en 25 años. De acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, el deterioro de las condiciones para el ejercicio periodístico se ha profundizado en distintas regiones del mundo, impulsado por factores como la violencia, la presión política, la desinformación y la precarización económica de los medios.
En este contexto, México vuelve a figurar como uno de los casos más preocupantes. El país se ubicó en el puesto 122 de 180 naciones evaluadas, consolidándose como el lugar más peligroso de América para ejercer el periodismo. La persistencia de agresiones, amenazas y asesinatos contra periodistas ha colocado a México en una situación crítica, donde informar puede representar un riesgo constante para la vida.
El informe subraya que la violencia contra la prensa en México no es un fenómeno aislado, sino estructural. Gran parte de las agresiones provienen de grupos del crimen organizado, que buscan controlar la narrativa informativa en regiones específicas, pero también se señalan presiones desde el ámbito político y la falta de mecanismos eficaces de protección. Esta combinación ha generado un entorno de vulnerabilidad que limita la libertad de expresión y el acceso a la información.
Uno de los aspectos más preocupantes es la impunidad. RSF advierte que la mayoría de los delitos contra periodistas en México no son esclarecidos, lo que perpetúa un ciclo de violencia y desincentiva la denuncia. A pesar de la existencia de mecanismos como el programa federal de protección a periodistas, su implementación ha sido cuestionada por su alcance limitado y su capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.
A nivel global, el informe también destaca que más de la mitad de los países presentan condiciones “difíciles” o “muy graves” para el ejercicio del periodismo. En este escenario, México se mantiene como un caso emblemático de los desafíos que enfrenta la libertad de prensa en contextos donde convergen violencia, debilidad institucional y tensiones políticas.
La situación plantea un reto urgente no solo para las autoridades, sino para la sociedad en su conjunto. La protección del periodismo no se limita a garantizar la seguridad de quienes informan, sino a preservar uno de los pilares fundamentales de la democracia: el derecho de la ciudadanía a estar informada.
