El gasoducto Puerta al Sureste, desarrollado por la empresa canadiense TC Energy en alianza con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se planteó como una de las grandes apuestas estratégicas para fortalecer el suministro de gas natural en México. El proyecto, de trazo principalmente submarino, busca transportar gas desde el sur de Estados Unidos hasta el sureste mexicano, con la promesa de impulsar el desarrollo energético, industrial y económico de la región. Sin embargo, a medida que la obra avanza, también crece una narrativa paralela: la de las comunidades y colectivos que cuestionan su impacto ambiental y social.
MDesde zonas como Los Arrecifes hasta áreas del Golfo de California, diversas comunidades costeras, pescadores, ambientalistas y organizaciones civiles han manifestado su oposición a este tipo de infraestructura energética. Las preocupaciones no son menores. Se habla de posibles afectaciones a ecosistemas marinos, riesgos para la biodiversidad, impactos en actividades tradicionales como la pesca y una falta de consulta adecuada a las poblaciones locales. En regiones donde el mar no solo es paisaje, sino sustento e identidad, la llegada de megaproyectos energéticos se percibe como una amenaza directa.
Por su parte, tanto TC Energy como la CFE han defendido el proyecto bajo el argumento de que cumple con los marcos regulatorios ambientales y que es clave para garantizar seguridad energética y reducir costos de generación eléctrica en el país. El gas natural, insisten, es un combustible de transición que permitiría disminuir el uso de fuentes más contaminantes. No obstante, este discurso técnico choca con una sensibilidad social cada vez más informada, que cuestiona el modelo de desarrollo basado en grandes obras y exige procesos más transparentes y participativos.
El caso de Puerta al Sureste no es aislado. Forma parte de un debate más amplio que atraviesa a México y al mundo: cómo conciliar la urgencia energética con la justicia ambiental y el respeto a las comunidades. En redes sociales, documentales independientes y asambleas comunitarias, la resistencia se articula con un lenguaje contemporáneo que habla de territorio, futuro y derechos colectivos, conectando especialmente con audiencias jóvenes que ya no ven el progreso como una línea recta.
Más allá del acero bajo el mar y los acuerdos binacionales, el gasoducto Puerta al Sureste revela una tensión clave de nuestro tiempo. La pregunta ya no es solo cómo producir energía, sino a qué costo social y ambiental, y quién decide ese precio. En ese cruce entre infraestructura, comunidad y conciencia ecológica, se está jugando una conversación que va mucho más allá de un solo proyecto.
