Ismael “El Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable este 25 de agosto de 2025 en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, por cargos relacionados con conspiración bajo la ley RICO y la operación de una empresa criminal dedicada al tráfico masivo de drogas como cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, desde la década de 1980 hasta 2024. A cambio, evitó la pena capital, pero enfrenta cadena perpetua y una multa estimada en 15 000 millones de dólares.
Durante su declaración, Zambada admitió que su organización sobornó a policías, militares y funcionarios mexicanos para permitir sus operaciones ilícitas. También confesó haber ordenado asesinatos y detalló la magnitud del tráfico de drogas: más de 1.5 millones de kilogramos de cocaína ingresaron a Estados Unidos bajo su mando. Reconoció el daño causado y ofreció una disculpa —aunque su abogado aclaró que no colaborará revelando identidades de cómplices.
La presidencia de México, bajo Claudia Sheinbaum, ha mantenido una postura institucional ante este caso. Aunque no promueve la defensa de Zambada como persona, el gobierno garantizó el apoyo consular en conformidad con la ley, defendiendo principios como el debido proceso y la soberanía nacional. Sheinbaum ha sido clara en rechazar “chantajes o amenazas”, enfatizando que cualquier intervención mexicana estará sujeta a la ley y debe conducirla la Fiscalía General de la República. También pidió pruebas concretas si Zambada presenta acusaciones contra terceros.
En redes sociales y foros, las reacciones han sido mixtas. Algunos usuarios muestran escepticismo sobre su arrepentimiento o lo consideran una estrategia para evitar el juicio o la pena máxima. Otros lamentan la impunidad histórica que permitió que figuras como Zambada operaran durante décadas sin enfrentarse a la justicia mexicana, destacando la lentitud e impunidad del sistema judicial en casos graves.
La declaración de culpabilidad de “El Mayo” marca un momento histórico en la lucha contra el narcotráfico. Por un lado, es un paso significativo para la justicia internacional. Por otro, suscita interrogantes sobre niveles de corrupción en México y posibles vínculos políticos. La sentencia se espera para enero de 2026, y el desarrollo del caso—especialmente si Zambada llega a colaborar o no—podría tener implicaciones profundas tanto judiciales como políticas.
