Durante la noche del 1 de noviembre, mientras inauguraba el tradicional Festival de Velas en la plaza principal de Uruapan (evento con alta afluencia por el Día de Muertos), el presidente municipal Carlos Manzo fue atacado a tiros en pleno acto público; el ataque quedó grabado por asistentes y generó pánico inmediato entre la multitud.
Los primeros reportes oficiales y medios locales indican que Manzo resultó gravemente herido por disparos y falleció minutos después pese a los intentos de los paramédicos; también hay mención de otras personas heridas y de al menos un regidor que resultó lesionado. Testigos y grabaciones hablan de varias detonaciones y de confusión en el lugar.

Autoridades informaron que en el lugar uno de los agresores fue abatido por fuerzas de seguridad y que, en los operativos posteriores, al menos dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía para investigación. La Fiscalía de Michoacán y el Gabinete de Seguridad estatal anunciaron el inicio de las diligencias y la preservación de evidencia (videos, testimonios y peritajes balísticos).
Desde hace meses Manzo había denunciado públicamente la influencia de grupos criminales en la región y había pedido apoyo de autoridades estatales y federales —incluso solicitando armamento y refuerzos— y en varios mensajes había acusado a cárteles locales, por lo que desde el primer momento las hipótesis apuntaron a una represalia o acción del crimen organizado; varios medios señalan sospechas concretas hacia células vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona, aunque hasta ahora las responsabilidades formales y la autoría intelectual permanecen en investigación.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el Gabinete de Seguridad y autoridades federales condenaron el ataque, anunciaron investigación conjunta y aseguraron que se perseguirá penalmente a los responsables; sin embargo, las fuentes consultadas insisten en que la información es preliminar y que corresponderá a la Fiscalía estatal y a la autoridad judicial confirmar cargos, desahogar pruebas y precisar si hay redes o autores materiales e intelectuales adicionales. En este momento la recomendación oficial es esperar los resultados de las indagatorias y los comunicados formales de la Fiscalía.
