La ruta legal hacia la despenalización del aborto en México empezó a tomar forma pública en 2007 con la despenalización en la Ciudad de México y dio un salto clave cuando la Suprema Corte dejó claro que penalizar el aborto es inconstitucional. Ese precedente —y decisiones posteriores del máximo tribunal— obligaron al Estado a dejar de tratar el aborto como delito a nivel federal y abrieron la puerta a que servicios públicos federales ofrezcan interrupciones del embarazo aun cuando las leyes estatales sigan siendo restrictivas. Este giro judicial fue recibido como un hito histórico por organizaciones de derechos reproductivos.
En los últimos años la llamada “marea verde” ha logrado que varios estados reformen sus códigos penales y permitan el aborto voluntario hasta las 12 semanas (o en términos similares). Entre los avances más recientes figuran cambios en estados como Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Colima, Baja California, Sinaloa, Guerrero, Quintana Roo, Jalisco y —en 2024 y 2025— el Estado de México, Chihuahua, Nayarit, Yucatán y Campeche, entre otros; el mapa legal está en transformación constante mientras legislaturas estatales votan y la Corte emite criterios obligatorios. Aún así, la implementación y el acceso clínico varían mucho según el estado.
Para millones de mujeres y personas gestantes en México la despenalización representa algo más que un cambio de letra en la ley: significa menor estigma, acceso a atención pública y segura, protección frente a procesos penales, y la posibilidad real de decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida. Además, la posibilidad de recibir atención en hospitales federales ha mitigado —en parte— las barreras que imponían ciertas legislaciones estatales, aunque barreras administrativas, falta de personal capacitado y objeción de conciencia siguen limitando el acceso efectivo. Organizaciones civiles y especialistas apuntan que la garantía plena pasa por combinar fallos judiciales con políticas públicas y presupuesto.
No ha sido un avance lineal: también ha habido retrocesos y resistencias. Algunos congresos locales han intentado imponer límites (por ejemplo iniciativas para restringir plazos) y hay estados que todavía mantienen figuras penales o prácticas que dificultan el acceso. Casos como la aprobación de medidas restrictivas o la demora en acatar los fallos judiciales muestran que el cambio jurídico no borra de inmediato los obstáculos políticos y sociales. Por eso activistas y organizaciones legales siguen litigando, acompañando a personas gestantes y presionando para que la despenalización se traduzca en servicios disponibles en todo el país.
México avanzó de forma decisiva gracias a la jurisprudencia y a la presión social, y hoy existe un marco federal que aleja el aborto de la criminalización; sin embargo, la realidad territorial es desigual: mientras varios estados ya legalizaron el aborto en el primer trimestre, otros siguen con restricciones o con lagunas prácticas. La tarea pendiente es transformar el cambio judicial en acceso homogéneo —con servicios, presupuesto, capacitación y campañas informativas— y completar la despenalización plena en todas las legislaturas estatales para que la decisión de interrumpir un embarazo deje de depender del lugar donde una mujer o persona gestante haya nacido o viva.
