La Ciudad de México dio un paso legislativo inédito al aprobar, en agosto de 2025, una reforma a la Ley de Educación local que reconoce el derecho de las estudiantes a solicitar la justificación de inasistencias relacionadas con la menstruación. El dictamen, presentado por la diputada María del Rosario Morales Ramos y aprobado en el pleno del Congreso capitalino, adiciona la fracción XIII Bis al artículo 111 de la Ley de Educación para visibilizar la salud menstrual y atender las necesidades específicas de niñas, adolescentes y personas menstruantes dentro de las escuelas.
A partir del inicio del ciclo escolar 2025–2026 las alumnas de primaria y secundaria en la capital podrán ausentarse cuando sufran síntomas menstruales incapacitantes —como cólicos intensos, náuseas, fatiga o cefalea— sin que dichas faltas afecten su rendimiento académico ni se traduzcan en sanciones disciplinarias. La reforma también garantiza que, si la ausencia coincide con una evaluación o entrega importante, la estudiante tendrá derecho a solicitar la reprogramación correspondiente. Estas disposiciones se plantearon como medidas para garantizar una educación con perspectiva de género y para evitar que el dolor menstrual sea un factor de abandono o rezago escolar.
En la letra y en la práctica hay matices importantes: el dictamen habla de justificar inasistencias derivadas del “diagnóstico de dismenorrea incapacitante” —es decir, reconoce el carácter clínico que en algunos casos tiene el dolor menstrual—; sin embargo, la propia promotora de la iniciativa enfatizó que la medida se basa en la confianza hacia las estudiantes y no exige comprobante médico para justificar una falta. En palabras de la diputada Morales, la reforma “no pide ni exige un comprobante médico para verificar que una mujer está en su periodo”, y busca justamente evitar barreras burocráticas que desincentiven su ejercicio. Esa combinación —referencia clínica en el dictamen y un llamado a la confianza en la implementación— es la que hoy marca la discusión pública.
A la par del reconocimiento legal, organizaciones y medios han señalado retos prácticos para que la licencia funcione como derecho efectivo: infraestructura escolar insuficiente, falta de enfermerías o espacios de atención, carencia de productos menstruales gratuitos y necesidad de capacitación docente para evitar estigmas y maltratos. Diversos reportes advierten que, sin protocolos claros en cada plantel, la medida podría quedar en buenas intenciones; por eso se ha pedido que las alcaldías, autoridades educativas y organismos como COPRED y grupos de salud pública coordinen campañas informativas, formación para el personal y acciones para garantizar acceso a higiene menstrual.
¿Qué cambia para las familias y las escuelas? En la práctica inmediata, las directoras y directores deberán registrar y justificar las inasistencias por salud menstrual conforme a la nueva fracción de la ley y permitir la reprogramación de evaluaciones cuando corresponda. Para las estudiantes, la medida representa un reconocimiento público de que menstruar no puede convertirse en un obstáculo académico cuando cursa con malestares severos. Para que el derecho se traduzca en bienestar real, especialistas y activistas recomiendan acompañarlo con educación menstrual en los contenidos escolares, dotación de insumos en planteles y protocolos claros que protejan la privacidad y la dignidad de las alumnas.
La licencia menstrual aprobada en la CDMX abre un debate necesario: ¿cómo garantizar que una norma se convierta en práctica cotidiana sin revictimizar ni burocratizar a quien la necesita? La respuesta estará en la capacidad de las instituciones educativas y de las familias para normalizar la conversación, dotar de recursos y, sobre todo, escuchar a las alumnas. Si se implementa con seriedad —no sólo con titulares— puede marcar la diferencia para miles de niñas y adolescentes que hasta ahora han tenido que elegir entre el aula y su bienestar.
