El pasado 19 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó varios artículos de la Ley Federal del Trabajo, instaurando lo que ya se conoce como la Ley Silla. Esta transformación legal modifica artículos clave (132, 133, 422, 423) e incorpora una nueva fracción, reconociendo formalmente que los trabajadores que realizan actividades de pie tienen derecho a descansos y sillas con respaldo adecuadas.
¿Cuándo entra en vigor esta normativa?
El decreto establece que, a los 180 días naturales de su publicación —es decir, a partir del 17 de junio de 2025— la legislación será exigible. La STPS contará con 30 días a partir de esa fecha para emitir las normas complementarias necesarias, y las empresas tendrán otros 180 días más para adecuar sus reglamentos internos y entornos laborales.
¿Cómo se aplicará en la práctica?
Las empresas de servicio, comercio y actividades análogas deben proveer sillas con respaldo suficientes y habilitar zonas específicas de descanso. La normativa prohíbe explícitamente que los patrones obliguen a los trabajadores a permanecer de pie durante toda la jornada o les impidan sentarse periódicamente. Además, se exige que los reglamentos internos incluyan pautas claras sobre descansos, uso de sillas, e incluso evaluaciones de salud y ergonomía como herramientas de gestión.
¿Qué pasa si no se cumple?
El incumplimiento puede desencadenar multas entre 250 y 2 500 veces la UMA, y las autoridades laborales —a través de la inspección del trabajo— pueden incluso suspender actividades en caso de reincidencia. Este marco punitivo refuerza que la salud y el bienestar no son negociables, y se alinea con estándares internacionales, como los de la OIT, que advierten sobre los riesgos de permanecer de pie prolongadamente
Desde una perspectiva sociológica, la Ley Silla no sólo aporta un derecho tangible, sino que reconfigura la relación de poder entre trabajador y empleador. Reconoce que el cuerpo trabajador no puede ser visto sólo como una máquina de productividad, y que el derecho al descanso es inherente a la dignidad humana. Como señalaron activistas y senadores, este paso visibiliza prácticas “clasistas” que hacían pasar la imagen empresarial por encima del bienestar de las personas.
En última instancia, la Ley Silla representa un avance estructural: permite que la demanda por condiciones laborales dignas —anclada en el derecho social— ahora tenga un asiento en la ley, y conforme las empresas integren pausas, sillas ergonómicas y políticas internas respetuosas, se generan espacios de trabajo más equilibrados y empáticos. Este cambio es una inversión en salud, prevención y respeto hacia quienes sostienen la economía diaria con sus pies.
