El lunes 15 de julio de 2025 entró en vigor en Estados Unidos un arancel antidumping de 17.09 % sobre el jitomate fresco mexicano, medida que marca el fin del Acuerdo de Suspensión de 2019 y revive una disputa comercial que se remonta a finales de los noventa. La orden, firmada por el presidente Donald Trump y formalizada por el secretario de Comercio Howard Lutnick, se justifica en la “protección de los agricultores estadounidenses” frente a supuestas ventas a precio inferior al justo; sin embargo, llega en un momento en que la Casa Blanca endurece su retórica contra México por temas migratorios y de fentanilo, lo que sugiere un trasfondo político más amplio que la sola defensa agrícola.
La decisión fue precedida por un aviso de 90 días emitido en abril y por una intensa campaña de cabildeo del Florida Tomato Exchange, cuya temporada corta compite con la producción mexicana de todo el año. Al retirarse del acuerdo, Washington reactivó una investigación antidumping iniciada en 1996 y atendió las quejas de productores de Florida, California y Arizona que denuncian “competencia desleal”.
Para México, el jitomate es el segundo producto hortícola de exportación tras el aguacate. En 2024 se enviaron a EE. UU. cerca de 1.9 millones de toneladas, con un valor de US$ 3.0 mil millones, lo que abastece alrededor de 70 % del consumo estadounidense. Sólo en Sinaloa—estado líder—se generan entre 200 000 y 400 000 empleos ligados al cultivo y empaque; a nivel nacional, la cadena jitomatera involucra a más de medio millón de personas y aporta divisas clave para pequeñas y medianas agroempresas de Sonora, Jalisco, San Luis Potosí y Baja California.
Productores mexicanos advierten que el impuesto encarecerá sus envíos en un margen que vuelve inviables los contratos de invierno 2025‑26: analistas de la Universidad Estatal de Arizona prevén una caída inmediata de 5 % en la demanda y un alza de hasta 10 % en los precios minoristas de EE. UU.; la USDA proyecta además un recorte de 3 % en la superficie sembrada esta misma temporada. Las pérdidas se extenderían a empacadoras, transportistas y proveedores de insumos, mientras empresarios exploran redirigir parte del flujo a Canadá y Europa, mercados que no pueden absorber el mismo volumen ni ofrecen la cercanía logística del estado de Arizona, principal punto de cruce.
Desde el punto de vista político, el gobierno mexicano reaccionó con contundencia. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que consideran la acción de Estados Unidos como “injusta”, y destacó que el jitomate mexicano no tiene sustituto real en ese país. Aseguró que México continuará exportando, mantendrá negociaciones diplomáticas y técnicas en Washington, y elaborará una batería de apoyos para los productores nacionales.
En una conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum anticipó que estas medidas protegerán a los pequeños y medianos productores, al tiempo que el gobierno evalúa alternativas como subsidios, acceso a nuevos mercados y acuerdos regionales. Además, anunció que las mesas de diálogo con Estados Unidos se mantendrán activas con miras a suspender o revertir el arancel antes del 1 de agosto, cuando podrían implementarse tarifas adicionales del 30 % sobre otros productos mexicanos.
