El Departamento de Transporte de EE. UU., liderado por el secretario Sean Duffy, afirma que México ha incumplido el Acuerdo de Transporte Aéreo bilateral firmado en 2015. Las irregularidades incluyen la rescisión unilateral de franjas horarias (“slots”) en el Aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México desde 2022, sin que se hayan realizado las obras prometidas, y la reubicación de operaciones de carga al aeropuerto Felipe Ángeles sin transparencia ni previo aviso suficiente.
Según la secretaría Duffy, estas acciones rompen con la cláusula del acuerdo de 2015 que obliga a mantener un trato justo y no restrictivo para todas las aerolíneas. La medida ha supuesto daños económicos significativos para las aerolíneas estadounidenses, incrementando costos y limitando su capacidad operativa.
Como respuesta, EE. UU. ha anunciado tres sanciones clave:
1. Orden Part 213: exigir a aerolíneas mexicanas presentar sus horarios con antelación al DOT.
2. Orden Part 212: exigir aprobación previa para vuelos charter de gran envergadura.
3. Retiro de inmunidad antimonopolio al acuerdo de la alianza Delta–Aeroméxico, lo que podría desmantelar su estructura de cooperación.
Estas medidas se consideran anticompetitivas porque obstaculizan el acceso equitativo al mercado, favorecen a aerolíneas nacionales mexicanas, y perjudican a transportistas estadounidenses al dificultar su operatividad o encarecerla. EE. UU. basa su acción en la Ley de Prácticas Justas de Transporte Aéreo, que permite sancionar a gobiernos que distorsionan el mercado.
Hasta el momento, la Presidencia de México no ha emitido respuesta oficial pública sobre estas acusaciones específicas. Sin embargo, en situaciones recientes —como sanciones del Departamento del Tesoro— la presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con firmeza, exigiendo evidencias y advertiendo contra medidas “discriminatorias”. Se espera que en los próximos días se pronuncie formalmente respecto al caso del transporte aéreo.
En términos diplomáticos y operativos, EE. UU. advierte que, de no corregirse los incumplimientos, podría negar solicitudes de vuelos desde aerolíneas mexicanas y proceder al desmantelamiento del joint venture Delta–Aeroméxico, lo que afectaría rutas, costes y empleos relacionados . México, por su parte, podría iniciar negociaciones o incluso buscar respuestas legales a través de los mecanismos del propio acuerdo de 2015.
