En los últimos días, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) anunció que ya hay más de 137 kilómetros del denominado “segundo muro” en planificación o construcción acelerada. Esta segunda barrera se desarrollará en puntos estratégicos del suroeste estadounidense: San Diego, Yuma, Tucson, El Paso y el Valle del Río Grande. Según la información oficial, también ya se levantó un tramo inicial de aproximadamente 11 km —con barras de acero superiores a 30 m de altura— en la frontera entre Nuevo México y Ciudad Juárez.
Se trata de una barrera secundaria, de acero reforzado y mayor altura, diseñada para reforzar la inmunidad del muro ya existente, no para sustituirlo. En sectores como El Paso se han instalado estructuras de más de 30 m combinadas con luz y cámaras, mientras que en otros puntos se han dispuesto barreras más bajas, destinadas a prevenir el cruce de vehículos.
La respuesta de CBP enfatiza que estas obras responden a “necesidades de seguridad en los puntos más sensibles del sur”. Al mismo tiempo, se aceleraron los permisos mediante exenciones ambientales bajo secciones del Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act de 1996. En junio, la secretaria Kristi Noem emitió varias exenciones para permitir la construcción urgente de aproximadamente 58 km en Arizona, Nuevo México y California.
No obstante, estas iniciativas enfrentan fuertes críticas. Organizaciones religiosas y de derechos humanos han cuestionado la premisa de que “más barreras detendrán la migración”, señalando que este tipo de construcciones empuja a personas migrantes hacia rutas más remotas, peligrosas y propensas al tráfico de personas. Como lo expresó el sacerdote Javier Calvillo desde Ciudad Juárez: “Por más barreras… nunca podrán detener la migración”.
En un contexto político polarizado, cabe destacar que este esfuerzo coincide con la aprobación en el Congreso de un fondo récord de 46 500 millones de dólares destinados a políticas migratorias, incluyendo muros, tecnología de vigilancia y agentes. Se trata de un paquete presupuestal sin precedentes, que casi triplica lo invertido en el primer mandato de Trump.
A futuro, esta segunda fase del muro no solo intensifica el debate sobre la securitización de la frontera, sino que también plantea desafíos ambientales, jurídicos y migratorios. La expansión se ejecuta con rapidez, pero sin que se haya alcanzado consenso social o político. La pregunta sigue siendo: ¿esta infraestructura reforzará la seguridad o agravará una crisis humanitaria y medioambiental?
