Con 348 votos a favor y 132 en contra, la Cámara de Diputados aprobó una reforma clave para la Guardia Nacional, que marca un giro importante en la estructura de seguridad del país. Impulsada por Morena y sus aliados, esta modificación legal establece que la Guardia Nacional pasará oficialmente al control de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), reconociéndola además como una Fuerza Armada Permanente. En contra votaron los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, al considerar que esta medida militariza aún más las tareas de seguridad pública. 
Uno de los puntos más relevantes de esta reforma es que, a partir de ahora, la Guardia Nacional dejará de estar bajo el mando civil —como originalmente se planteó en su creación en 2019— para quedar completamente bajo el control operativo y administrativo del Ejército. Esto significa que la SEDENA tendrá el mando directo, incluyendo la capacidad de designar mandos, asignar recursos y coordinar acciones de inteligencia.
Además, la nueva Ley otorga facultades para que el Ejército utilice inteligencia con el fin de proteger al país, lo que representa una ampliación de su papel en tareas de seguridad nacional. Aunque sus defensores aseguran que esta medida fortalece la capacidad de respuesta ante amenazas como el crimen organizado, organizaciones civiles han advertido sobre los riesgos de opacidad y falta de control civil sobre estas operaciones.
Otro punto que ha llamado la atención es que los militares que formen parte de la Guardia Nacional podrán solicitar licencia para participar en procesos electorales. Esta disposición, aunque regulada por la ley, ha generado críticas por parte de la oposición, que advierte un posible uso político de las fuerzas armadas.
Desde el gobierno federal, se ha defendido esta reforma como un paso necesario para consolidar la disciplina, la capacitación y la efectividad de la Guardia Nacional, argumentando que el Ejército cuenta con la estructura adecuada para garantizar su funcionamiento. Sin embargo, opositores y expertos en derechos humanos señalan que la medida vulnera el principio constitucional de subordinación de las fuerzas armadas al poder civil y podría sentar un precedente delicado para el equilibrio democrático.
Mientras tanto, el debate continúa abierto en la opinión pública y entre los especialistas, que advierten que el país debe encontrar un equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos civiles.
