La senadora Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo (PT), presentó recientemente una iniciativa para modificar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), proponiendo que los métodos anticonceptivos —como condones masculinos y femeninos, pastillas anticonceptivas y anticoncepción de emergencia— sean gravados con una tasa del 0 % de IVA. En su exposición, Bañuelos subraya que estos productos no deberían considerarse bienes de lujo, sino insumos esenciales para la prevención, la autonomía personal y la equidad social.
Entre los argumentos principales de la propuesta están los beneficios en salud pública: la reducción de embarazos no planeados, la prevención de abortos inseguros y una mejor atención a la salud sexual y reproductiva, especialmente para quienes enfrentan barreras económicas. También, la legisladora señala que, aunque el ahorro individual por IVA puede parecer pequeño, en muchos hogares de bajos ingresos puede marcar la diferencia entre adquirir o no estos productos básicos.
La iniciativa propone adicionar un inciso k) al artículo 2°-A de la Ley del IVA para incorporar la exención (o tasa cero) para esos métodos anticonceptivos. Hasta ahora, la iniciativa ya fue presentada en el Senado, pero ha sido turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.
Entre los retos para que la reforma prospere están: la negociación política con otras fuerzas en el Congreso; demostrar técnicamente el impacto fiscal que la exención tendría en la recaudación; definir con claridad qué productos se incluyen exactamente bajo la tasa 0 % (por ejemplo, si sólo métodos hormonales, si implantes o dispositivos intrauterinos, etc.); y lograr consenso en comisiones fiscales y de salud. También será importante que se evalúe cómo se asimilaría esta medida con los programas de salud ya existentes para anticoncepción gratuita en los centros de salud, de tal manera que no queden lagunas de acceso.
En síntesis, la propuesta de Bañuelos apunta a un cambio estructural significativo que podría traducirse en mayor equidad en salud sexual, menos riesgos para mujeres jóvenes y poblaciones vulnerables, y un avance en el reconocimiento de estos insumos como derechos básicos. Pero para que se convierta en ley, necesita sortear los filtros legislativos y las negociaciones presupuestales, así como de definición técnica
