En su conferencia matutina del 4 de julio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal ya investiga una lista de 30 casos de embarazos en niñas entre 10 y 12 años, cuyos padres son adultos, algunos hasta 65 años. La mandataria subrayó que estas situaciones deben ser tratadas como delitos, independientemente de que se reporten en hospitales públicos o privados o provengan de comunidades con usos y costumbres.
Sheinbaum recordó que desde 2005 existe la Norma Oficial Mexicana NOM‐046, que obliga a reportar ante el Ministerio Público los embarazos en menores de 18 años, al igual que la NOM‑047 de salud reproductiva. Además, en 2016 la Suprema Corte estableció que la edad mínima legal para contraer matrimonio en México es de 18 años, eliminando cualquier excepción, incluso por usos y costumbres.
De acuerdo con la presidenta, los hospitales y clínicas, tanto públicos como privados, están obligados legalmente a registrar la edad de la madre y el padre al momento del nacimiento. Si detectan que la madre es menor y el padre está en situación de sospecha, deben dar parte inmediato al Ministerio Público para iniciar una investigación. Sheinbaum enfatizó que esto no es una iniciativa nueva, sino un procedimiento ya regulado y vigente.
Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, ha enfatizado la gravedad de estos casos, afirmando que cuando una niña de 12 años tiene un bebé con un adulto, no se trata de embarazo infantil, sino de abuso sexual. Precisó que entre enero y la fecha se han registrado aproximadamente 400 casos de embarazos en niñas y adolescentes en el sistema nacional de atención a violencia, aunque alertó que probablemente existen muchos más sin denunciar.
Sheinbaum reiteró que el objetivo fundamental es proteger el interés superior del menor, investigando cada caso y trasladándolo al ámbito penal si se confirma la responsabilidad de un adulto. Por su parte, el gobierno preparará una estrategia interinstitucional, focalizada en estados con mayor incidencia (Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas), combinando protocolos de denuncia, atención médica, educación sexual y fortalecimiento del registro para mejorar la respuesta frente a esta problemática
La propuesta de Sheinbaum refuerza un marco legal ya existente, orientado a que todos los casos de embarazo en menores sean vistos automáticamente como posibles delitos. El énfasis está en la responsabilidad institucional de reportar, investigar y sancionar a los responsables, con especial atención en zonas y comunidades con prácticas tradicionales que puedan vulnerar los derechos de las niñas.
