El pasado viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos dictó una sentencia clave en el caso Trump vs. CASA. Por mayoría de 6-3, estableció que los tribunales federales no tienen autoridad para emitir”injunctions” nacionales que bloqueen una orden ejecutiva a nivel país: solo pueden proteger a los demandantes directamente afectados. La Corte Suprema se puso mayoritariamente del lado del gobierno de Trump. Aunque no dictaminó sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento, rechazó las órdenes judiciales a nivel nacional que habían bloqueado la orden, con lo que despejó el camino para que se aplique, al menos temporalmente, en la mayoría de los estados.
Aunque la pena máxima –retirar la ciudadanía por nacimiento– no fue resuelta, la Corte destruyó el principal escudo judicial que amenazaba la ejecución del polémico decreto. La medida sigue suspendida durante 30 días, pero ya podría aplicarse en 28 estados donde no hubo demanda .
Un Derecho Constitucional en Jaque
Desde 1868, la ciudadanía por nacimiento –“jus soli”– está protegida por la 14ª Enmienda. Su interpretación fue reafirmada en 1898 con el caso United States vs. Wong Kim Ark, que garantizó la ciudadanía automática a los hijos nacidos en suelo estadounidense sin importar el estatus migratorio de sus padres.
El presidente Trump, como parte de su agenda “Make America Great Again”, firmó el 20 de enero la Orden Ejecutiva 14160, que busca restringir ese derecho para los hijos de inmigrantes indocumentados o con visa temporal. Aunque afirma que no habrá deportaciones inmediatas, el plan desconcierta respecto a cómo se hará operativo el decreto.
La Casa Blanca celebró la sentencia como una victoria constitucional y de separación de poderes. Stephen Miller, cerebro de la política migratoria trumpista, calificó a los jueces contrarios de “marxistas”.
En contraste, la disidencia, liderada por las juezas Sotomayor y Jackson, advierte que este fallo abre la puerta a un sistema fragmentado, donde los derechos fundamentales varían según el juez o el estado. Si no se restablecen “injunctions” nacionales, la ciudadanía podría depender del estado en que nazca el niño.
Varias organizaciones y 22 estados entablaron demandas, desafiando la constitucionalidad de la orden. Tras la sentencia, presentaron demandas colectivas (class‑action) para proteger a todos los afectados, no solo a los litigantes. Los tribunales inferiores deben ahora ajustar el alcance de sus fallos a la luz de la nueva doctrina sobre “injunctions”, decidiendo estado por estado. En paralelo, se abre la vía para que el Congreso actúe, reforzando (o debilitando) el derecho constitucional si el conflicto llega al legislativo .
Esto no es solo una cuestión de legalidad, es un barómetro del clima político y social en EE. UU. La eliminación de la ciudadanía por nacimiento, aunque sea parcial, alienta la xenofobia, y puede llevar a miles de niños a un limbo jurídico según dónde nazcan. Más allá de la estrategia política de Trump, podríamos estar presenciando una erosión en la idea misma de igualdad ante la ley.
Una vez más, la lucha se traslada a los tribunales de apelación y, sin duda, retornará a la Suprema Corte. Pero mientras tanto, Estados Unidos se enfrenta a un malestar creciente: siglos de tradición constitucional cuestionados en “tiempo real” político. En cuestión de semanas, se sabrá si la ciudadanía universal resiste o se convierte en una prerrogativa condicionada.
