El Senado de la República aprobó el pasado 28 de junio, en lo general, el dictamen que expide la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como parte de las reformas impulsadas bajo el nombre de “simplificación orgánica”. Con 77 votos a favor y 30 en contra, esta nueva legislación propone una reestructuración profunda del sector de las telecomunicaciones en México, con implicaciones institucionales, regulatorias y operativas que han generado tanto expectativas como serias preocupaciones.
Uno de los cambios más importantes es la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano constitucional autónomo que hasta ahora fungía como el principal regulador en la materia. En su lugar, se creará la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que estará bajo control del Poder Ejecutivo. También se contempla la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRA), un órgano de corte técnico que asumirá funciones sancionadoras, de supervisión y resolución de controversias. Sin embargo, especialistas advierten que ambas nuevas figuras carecen del grado de autonomía que tenía el IFT, lo que podría afectar la imparcialidad y el equilibrio del sector.
Además, la ley plantea un nuevo enfoque sobre el uso y reparto del espectro radioeléctrico, permitiendo asignaciones más flexibles, pruebas tecnológicas y nuevos modelos de concesión para zonas remotas a través de tecnologías como plataformas estratosféricas. Se busca facilitar el acceso a concesiones sociales y públicas sin pago, al tiempo que se brindan incentivos fiscales a concesionarios privados que lleven conectividad a comunidades marginadas. Si bien esto podría cerrar la brecha digital, también abre la puerta a que se repartan concesiones sin procesos de licitación transparente, lo cual ha encendido las alertas en diversos sectores.
Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa era el artículo 109, que proponía permitir al gobierno suspender servicios digitales y bloquear plataformas “por razones de interés público”. Aunque este artículo fue eliminado tras presión de la sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos digitales, el dictamen aún conserva disposiciones ambiguas que podrían facilitar prácticas de censura o vigilancia digital, como el uso obligatorio de geolocalización en tiempo real y suspensiones precautorias sin una clara delimitación jurídica.
Diversas voces han manifestado su preocupación. La organización Article 19 México advirtió que esta reforma representa un grave retroceso para la libertad de expresión y el acceso a la información. Senadores de oposición, como los del PAN y el PRD, también señalaron que esta ley debilita la autonomía del sistema de telecomunicaciones y allana el camino para una concentración de poder en el Ejecutivo. Por otro lado, los promotores de la ley sostienen que el nuevo esquema permitirá una mayor cobertura nacional y eficiencia en la gestión pública del sector.
Actualmente, el dictamen ha sido turnado a la Cámara de Diputados, donde deberá discutirse en las próximas semanas. Aunque podría ser modificado o incluso frenado, el rumbo que tome esta legislación marcará el futuro del internet, la radiodifusión y la regulación de los medios en el país. La sociedad mexicana enfrenta una disyuntiva: avanzar hacia una transformación digital con mayor acceso, pero sin perder de vista los riesgos de centralización, pérdida de autonomía y restricciones a las libertades digitales que podrían acompañar esta reforma.
