En un hecho que ha sacudido las estructuras de procuración de justicia a nivel nacional, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas confirmó la detención de diez servidores públicos pertenecientes a la institución. La captura masiva ocurre tras la filtración y rápida viralización en redes sociales de una serie de videos en los que se exhibe a presuntos agentes policiales infligiendo brutales actos de tortura contra dos ciudadanos detenidos.
Las grabaciones, que provocaron una oleada de indignación social y la condena enérgica de organismos defensores de los derechos humanos, muestran métodos crueles de sumisión. En los fragmentos de video, se observa a hombres con uniformes de las áreas de inteligencia de la corporación asfixiar a las víctimas colocándoles bolsas de plástico en la cabeza entre risas y mofas. Se constató que las agresiones físicas derivaron originalmente de un operativo policial efectuado el pasado 14 de marzo en la colonia Loma Bonita de Tuxtla Gutiérrez, el cual tenía como propósito inicial el combate al robo de vehículos.
Tras la presión mediática y el llamado del gobernador del estado, Eduardo Ramírez, a actuar con total firmeza y respeto irrenunciable a los derechos humanos, el titular de la FGE, Jorge Luis Llaven Abarca, anunció el inicio inmediato de una carpeta de investigación formal. A través de un mensaje oficial, la fiscalía estatal puntualizó que se conformó un grupo especial del Ministerio Público que en un despliegue urgente logró la plena identificación, sanción administrativa y posterior aprehensión de los involucrados en el abuso de autoridad.
Entre los diez detenidos puestos a disposición judicial se encuentran mandos tácticos y operativos de alta responsabilidad: un subdirector, tres agentes del Ministerio Público, un secretario y cinco elementos policiales operativos (incluyendo a una mujer). El fiscal general sostuvo de manera tajante que no se tolerará la impunidad ni la fabricación de culpables mediante coacción dentro de la institución, asegurando que los implicados serán procesados con toda la severidad de las leyes mexicanas e internacionales en materia de tortura. Las investigaciones continúan abiertas para determinar si existen más funcionarios implicados en estos deleznables hechos.
