Cuando el Partido Verde y el Partido del Trabajo confirmaron su rechazo a la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a su equipo sacar de la iniciativa dos temas cruciales: retrasar un año la elección judicial prevista para 2027 y adelantar la consulta de revocación de mandato para empatarla con las elecciones del próximo año. La iniciativa enviada el miércoles no contiene esos y otros asuntos estudiados por la comisión presidencial de reforma electoral, para evitar que el rechazo de los aliados de Morena frustre cambios que sí son viables políticamente.
Funcionarios que participaron en los trabajos de la comisión han confirmado a EL PAÍS que la decisión de la presidenta y los coordinadores parlamentarios fue dividir el proyecto en etapas: primero, la reforma constitucional que contiene los propósitos principales ya conocidos (reducir el financiamiento de los partidos, eliminar 32 senadurías de representación proporcional y quitarle a las dirigencias partidistas el control de las 200 diputaciones plurinominales). Segundo, el paquete de leyes secundarias para reglamentar esos cambios y, tercero, las reformas que permitan modificar el calendario electoral previsto actualmente.
El plan B es, en realidad, la reserva de algunos temas para no quemarlos en la primera iniciativa, han explicado las fuentes consultadas. Específicamente, se trata de dos asuntos que sí requieren de reforma constitucional y que ya han sido abordados por la presidenta en sus conferencias matutinas.
Por un lado, la necesidad de retrasar un año la elección judicial que, según la reforma aprobada en 2024, mandata elegir en 2027 los cargos judiciales que no fueron votados el año pasado. Una especie de reforma de la reforma judicial, para que la elección de jueces no coincida con la de diputados federales, gobernadores, diputados locales y presidentes municipales, prevista para junio del próximo año. Esto, que además ha sido una petición del Instituto Nacional Electoral (INE), permitiría hacer cambios para corregir los errores detectados en la elección de 2025, simplificar las boletas y fomentar una mayor participación ciudadana, que el año pasado llegó apenas al 13% del electorado.
Por otro lado, se buscará adelantar diez meses la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum, prevista para abril de 2028 en la norma vigente. Este cambio ya ha sido propuesto por el diputado morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, en una iniciativa pendiente de dictaminación, pero la intención de la presidenta es presentar una nueva propuesta, más amplia, que no sólo empate la revocación con la elección intermedia de 2027, sino que modifique disposiciones como la prohibición que tienen actualmente los funcionarios públicos (incluida la presidenta) para pronunciarse respecto a su revocación o permanencia en el cargo. Esta posibilidad ha levantado críticas en la oposición, pues con ello Claudia Sheinbaum volvería a estar en la boleta electoral.
La comisión presidencial trabajó, además, un paquete de reformas a leyes secundarias coherentes con la reforma constitucional presentada por Sheinbaum, que sería necesario aprobar para implementar los cambios. En ese paquete entrarían las reformas a la Ley de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en las que deben aterrizar asuntos como: facilitar las consultas populares, incentivar el voto de los mexicanos residentes en el exterior, fortalecer la fiscalización de los recursos que ejercen los partidos y candidatos, regular el uso de inteligencia artificial en campaña, iniciar los cómputos distritales la misma noche de las elecciones, reducir el tiempo oficial que se otorga a los partidos en radio y televisión durante las campañas, y disminuir el costo de los órganos electorales.
Monreal ha dicho este viernes que la presidenta no pretende presentar un plan B que retome los temas que se rechacen en la reforma constitucional; sin embargo, algunos propósitos de la reforma, como la reducción del gasto en elecciones, sí podrían implementarse con cambios a leyes secundarias, como lo intentó Andrés Manuel López Obrador con su “plan B” de diciembre de 2022, luego de que el Congreso desechara su primer intento de reforma electoral.
La iniciativa de la presidenta ya ha sido plasmada en un proyecto de dictamen de las Comisiones de Reforma Electoral y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que van a sesionar durante la próxima semana para aprobar el dictamen que envíen al pleno de la cámara. El PVEM y el PT mantienen su rechazo a las principales propuestas de la presidenta, por lo que Morena no alcanzará los 334 votos que requiere para aprobarlo.
