Este 4 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó formalmente al Congreso de la Unión una iniciativa constitucional conocida como el “Decálogo por la Democracia”, una propuesta de reforma electoral que busca transformar el sistema político y electoral mexicano mediante diez modificaciones profundas a la Carta Magna. La propuesta fue presentada en Palacio Nacional y turnada a la Cámara de Diputados para su análisis legislativo.
El corazón de la reforma está en redefinir la representación popular y reducir los costos del sistema electoral. Uno de los cambios más relevantes es la modificación del mecanismo para elegir a los diputados plurinominales: en lugar de que los partidos definan listas cerradas, la mitad de esos escaños sería asignada a quienes obtengan mejores resultados sin ganar distritos directamente y los otros 100 serían electos directamente por ciudadanía. Asimismo, la iniciativa propone eliminar la representación proporcional en el Senado de la República, reduciendo de 128 a 96 sus integrantes.
Otro eje central del decálogo es la reducción del gasto electoral en 25%, que abarcaría recursos destinados al Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos públicos locales y los partidos políticos, con el argumento de hacer más eficiente el uso de fondos públicos para elecciones y destinar una parte a servicios sociales. Además, se propone mayor fiscalización de recursos de campaña, limitación de tiempos en radio y televisión, y medidas para prohibir bots y regular el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral con avisos visibles para mayor transparencia.
La iniciativa también contempla reformas orientadas a ampliar la participación ciudadana y modernizar procesos: permitir que con el 2% de la lista nominal se convoquen consultas populares en estados y municipios, adelantar el inicio de los cómputos distritales al mismo día de la elección y asegurar una mayor representatividad para mexicanos residentes en el extranjero. Además, contempla la prohibición de reelección inmediata y de nepotismo en cargos públicos a partir de 2030.
Pero la propuesta no ha sido unánime. Aunque Sheinbaum ha defendido que responde a demandas ciudadanas de una democracia “más austera, eficiente y cercana a la ciudadanía”, sectores dentro de su propia coalición, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, han expresado rechazo a varios de los cambios, especialmente los relacionados con la elección de plurinominales y la reducción de financiamiento. Alcanzar la mayoría calificada necesaria para una reforma constitucional —dos terceras partes del Congreso— sigue siendo un desafío político significativo.
El camino legislativo ahora comienza con el análisis en comisiones y en pleno de ambas cámaras, donde se prevé un debate intenso sobre el futuro de las reglas electorales que regirán el país en los próximos años. Más allá de la aritmética parlamentaria, la discusión sobre el “Decálogo por la Democracia” pone sobre la mesa preguntas profundas sobre cómo México quiere organizar su democracia, quiénes la representan y de qué manera se financian y vigilan los procesos electorales
