Este domingo 1° de junio, México enfrentará un momento sin precedentes: las primeras elecciones para definir a quienes integrarán el Poder Judicial. Sí, por primera vez en nuestra historia, la ciudadanía podrá elegir directamente a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces. Una reforma que, en el papel, busca democratizar la justicia… pero que en la práctica ha levantado más preguntas que certezas.
Y es que, aunque esta reforma judicial (aprobada en septiembre de 2024) tiene como objetivo principal acercar la justicia al pueblo, muchos ciudadanos no conocen a las personas por las que van a votar. Ni sus nombres, ni trayectorias, ni propuestas. Las boletas estarán saturadas de nombres desconocidos y, en redes sociales, ya se ha bautizado el evento como la elección a ciegas más grande de la historia en nuestro país.
El hashtag #YoNoVotoElPrimeroDeJunio se ha vuelto tendencia. Algunos lo usan como una crítica directa al proceso, otros como una forma de desobediencia civil. Para muchos, participar en estas votaciones sin contar con la información adecuada es tan peligroso como no votar. La paradoja es real: ¿abstenerse por convicción o votar sin saber por quién?
La preocupación central es clara: esta elección, lejos de empoderar al pueblo, podría poner en jaque la imparcialidad de nuestro sistema judicial. Si quienes buscan llegar a un puesto judicial deben hacer campañas, conseguir apoyo político o mediático, ¿a quiénes se deberán cuando tomen decisiones desde la toga?
Y ahí entra el tema más delicado: la posible corrupción. Diversos expertos y organismos han advertido que abrir la puerta a la elección de jueces podría facilitar la influencia del crimen organizado en los procesos de justicia. Candidaturas sin fiscalización estricta, sin filtros técnicos, y con escasa visibilidad pública, son terreno fértil para que intereses oscuros se infiltren por la vía democrática.
A esto se suma la complejidad técnica del voto: con más de 2,600 cargos en juego, y con boletas que parecen formularios de examen, muchos temen que la elección termine siendo un ejercicio simbólico, confuso y manipulable.
En resumen, estamos ante un cambio estructural de gran magnitud, pero mal comunicado, mal explicado y, quizás, mal planeado. La justicia debería ser ciega, sí. Pero no los votantes.
El 1° de junio no solo se elige a jueces. Se pondrá a prueba la madurez democrática de un país que, en medio de la polarización, sigue preguntándose si puede confiar en su propio sistema de justicia. ¿Votar o no votar? Esa es la gran incógnita. Y el futuro del Poder Judicial podría depender de la respuesta.
